Joanmarti Blog's, impresiones e ideas

Tenía razón Julio Anguita al decir que para hacer política social de izquierdas bastaba con cumplir la constitución,  sin grandes proclamas revolucionarias:

Artículo 47 de la Constitución Española:Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

Previamente, la Constitución dice con retórica grandilocuente que España se constituye en un Estado Social y de Derecho. Derecho, significa legalidad, derechos individuales, seguridad jurídica, separación de poderes, etc.; Social significa que la acción del Estado debe dirigirse a garantizar a los ciudadanos condiciones de vida dignas, es decir, que su papel no se reduce a exigir de éste que no interfiera o recorte las libertades de las personas, sino que también actúe para contrarrestar las desigualdades sociales existentes y para ofrecer a todos las oportunidades necesarias para desarrollar sus aptitudes y para superar sus necesidades materiales básicas de comida, techo, educación y trabajo.

En la realidad, sin embargo, cada día se producen centenares de desahucios de personas necesitadas que se quedan sin un techo, en los límites de la indigencia. El mecanismo es sencillo: En una primera parte de la secuencia, los bancos conceden préstamos/hipoteca que con la crisis económica y sin trabajo la gente no puede devolver, y a partir de ahí un procedimiento judicial que culmina con una sentencia de desahucio y una subasta en la que la vivienda habitualmente pasa a la propiedad del banco y los deudores residentes pasan a la calle. En un estado social, debería existir la normativa legal que impidiera esta situación, protegiendo al ciudadano necesitado frente a la voracidad insolidaria de los bancos, pero lo legisladores, justo al contrario, lo que llevan haciendo desde la transición es legislar a favor de los bancos y no a favor de los ciudadanos necesitados, quienes apenas pueden comer y mucho menos pagar la hipoteca.

La segunda parte de la secuencia es cuando el estado manda a sus servidores, la policía, a quienes todos pagamos la nómina cada mes, y con más contundencia que comprensión y caridad, defienden con porras y escudos a los bancos  y a la legalidad (la suya) vigente, rompiendo puertas y paredes y aporreando a los peligrosos vecinos que se oponen a medida tan cristiana. Es en ese momento cuando el estado, además de asocial, se ve que es de desecho, porque desecho y miseria moral es legalizar como normal una situación de desamparo y marginación social de sus ciudadanos más desprotegidos.

La tercera parte, es que la gente se indigna y solidariza con los desahuciados e increpa a la Policía, siguiendo a ello denuncias de atentado o desobediencia a la autoridad, basadas casi siempre en relatos de los policías que los jueces, salvo honrosas excepciones, acogen a pies juntillas. Con ello se cierra el círculo:  bancos = dueños del país = beneficiarios de las leyes, de la policía y de los jueces; desahuciados, víctimas de las leyes, de los legisladores, de policías y jueces; machacados por el estado asocial y de desecho. En otros casos, es el Ayuntamiento quien ejecuta la «legalidad» insolidaria y cruel con el mismo resultado; los residentes de la vivienda a la calle y de malas maneras, sean ancianos o niños.

El dato común a todos los desahucios, sea cual sea su causa, es que siempre el propietario o inquilino se queda en la calle, -a veces son personas mayores, niños pequeños, etc.-, a pesar de ser ciudadano miembro de un estado que se dice construido en su nombre y que teóricamente le garantiza una vivienda digna, trabajo y bla, bla según la Constitución…

En definitiva, los bancos, -cuya utilidad social y necesariedad a estas alturas del milenio nadie entiende, salvo sus propietarios-, dedicados a full time a robar a clientes y a deudores, a preferentistas y accionistas, subvencionados por el Estado en sus latrocinios, y ganando centenares de millones cada año, repartiendo tarjetas black y fortunas entre sus ejecutivos, son sin embargo incapaces de mostrarse caritativos siquiera sea con los más débiles de la sociedad.  Y es que la caridad cristiana, el humanismo y todo eso parece que no va con ellos.

Véase la noticia como se relata en periodismo humano.

(1890)

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