Joanmarti Blog's, impresiones e ideas

A Rafael Catalá Polo, ministro de justicia, le define la wikipedia como «político y alto funcionario», y cierto es que da en el clavo en lo de funcionario. En su biografía sólo existe la función pública y algún episodio de «puerta giratoria« en el empleo privado o semi-público. El hombre hace bueno el Principio de Peter, según el cual -en versión de Ortega y Gaset- «Todos los empleados públicos deberían descender a su grado inmediato inferior, porque han sido ascendidos hasta volverse incompetentes».

Nadie duda que el hombre pudo ser un buen estudiante de derecho, pero igualmente cierto es que cuando el profesor explicaba lo del principio de separación de poderes de Montesquieu -una ingenua y bienintencionada idea del pensador francés de hace casi 300 años, irreconciliable siempre en la historia con los hechos y los actos de los susodichos poderes hasta hoy- al estudiante Catalá le dio por ir al baño y se perdió la clase. El referido principio, con más o menos cinismo teleológico, sirve de pilar fundamental a las modernas democracias, y en los medios cada día vemos rimbombantes e hipócritas declaraciones de «respetamos siempre las resoluciones judiciales» o «hay que acatar las decisiones de los jueces», cuando al que lo dice le son favorables o a veces, a lo sumo, un «no compartimos pero acatamos la resolución», etc., cuando le son contrarias..

En la actual casuística judicial de la corrupción generalizada, se pueden ver estas declaraciones de los del PP, PSOE, etc., de gobiernos regionales, delegados de gobierno, políticos, alcaldes, etc. y eso, a fuer de hipocresia generalizada, ya resulta estilo institucionalizado y hasta nos parece normal.  Según este libro de estilo de la democracia y principio, el legislativo (parlamento) hace las leyes, el ejecutivo (gobierno) las ejecuta y con ello gestiona la administración del estado, y el judicial (los tribunales y jueces) aplican dichas leyes y resuelven los conflictos que se dan entre los ciudadanos o entre éstos y el estado sobre su aplicación. Parece fácil, no?. Añado que, corolario de lo anterior, la constitución, la ley orgánica del poder judicial y otros preceptos, consagran la intangibilidad e inamovibilidad de los jueces, o sea y en castellano castizo, que no puede ser coaccionados ni presionados por los otros dos poderes, esto es, por el gobierno o por los parlamentarios, para que dicten resoluciones injustas contrarias a las leyes.

Y así todo el mundo, con más o menos cinismo o risa interior, viene dando por bueno todo ello, porque eso es lo políticamente correcto. Pero hete aquí que aparece este flamante ministro-funcionario y pone su pica en Flandes soltándose el pelo a lo ye ye. Y es que el ministro-funcionario, siguiendo la estrategia de su gobierno de recuperar el voto de la derechona recalcitrante que le están sisando los del Tea Party de CIUDADANOS que le pisan los talones, ha resultado ser más papista que el papa y en vez de la usual expresión «respeto», aún más obligada en un ministro de justicia, ha usado la de «sorpresa» por la decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de archivar por segunda vez la causa contra el concejal de Madrid Guillermo Zapata en relación al contenido de unos twits de hace cuatro años, añadiendo el ministro que el juez carece de «sensibilidad» con las víctimas del terrorismo y que, por contra, su gobierno -el del PP-  tiene «… sensibilidad hacia las víctimas y nuestra cercanía es completa y por eso cuando en un caso como éste se antepone lo que se denomina la libertad de expresión a la protección a las víctimas, lo recibimos con un cierta sorpresa», instando el hombre a renglón seguido a la Fiscalía y a la asociación Dignidad y Justicia que presentó la querella a recurrir la decisión de Pedraz ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional…

Para quien no conozca el caso, hay que aclarar que los referidos twits se produjeron hace 4 años y que son algo así como esos chistes infames que circulan y recibimos en el wsap y similares, muchas veces machistas, homófobos, crueles y de dudoso gusto, y que se trataba de unos ejemplos que refería el concejal precisamente como ejemplo de eso, del humor negro de mal gusto. Pero resultó que el hombre al cabo de 4 años fue elegido concejal de Madrid y a partir de ahí, de esa fruselería, el cripto fascismo patrio (TV13, Jiménez Losantos, ABC, la Razón, El Mundo y toda esa morralla de opinadores y tertulianos ágrafos que azotan al ciudadano medio televidente) puso en marcha una delirante y atronadora campaña mediática para atacar a Manuela Carmena, usando y abusando de los twuits de marras de su concejal  y de los buenos oficios de alguna asociación de víctimas del terrorismo afín al PP y patrocinada por estos somatenes de la derechona montaraz. Lo que sigue es bien sabido: multitud de políticos se afanaron perdiendo el culo en borrar sus cuentas para no dejar rastro dando trabajo a una legión de informáticos, temerosos estos políticos de la ordalía mediática que se les venía encima; el pobre concejal pidió perdón una y mil veces, (y hasta creo que se afeitó la barba para pasar desapercibido); la supuesta afectada por los twits, más sensible al sufrimiento humano (del concejal, que también lo es) que el ministro, le perdonó y dijo que no le habían molestado; el juez ahora ha archivado el asunto y el fiscal ha declarado que no piensa recurrir.

Pero es ahí cuando la derechona de nuevo encuentra carnaza para seguir con su campaña, y este pobre funcionario-ministro, olvidándose del derecho que sin duda debió aprender en sus estudios de derecho constitucional elemental, se apodera de la pancarta para hacer méritos y coge la pancarta con furor fungiendo de valedor de la demagogia más ágrafa, soltándose el pelo con estas chuscas declaraciones que de plano cuestionan la marca «España» democrática, con relumbrón de estado de derecho, que estos del PP dicen querer promocionar allende los pirineos, por la UE y el occidente democrático, incurriendo de paso el funcionario-ministro en un posible desacato. Triste, triste, para la inteligencia común y lamentable para la democracia…

Y, viendo la composición del mismo, resulta iluso pensar que el Consejo General Judicial de oficio ampare al juez con una declaración al efecto. En fin, eso es lo que hay.

La moraleja del caso es que inexorablemente se cumplen los aforismos: el de la Ley de Murphy, según el cual siempre el último -ministro- (Catalá) hace bueno al anterior (Gallardón), y otro de no se quien; ni la Marca España democrática podía llegar a menos ni este funcionario-ministro a más…

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